HOUSTON - En un giro legal que ha provocado una ola de reacciones en todo Texas, el fiscal general Ken Paxton anunció que logró anular una ley estatal que permitía a estudiantes indocumentados acceder al precio especial de la matrícula estatal en universidades públicas. El fallo, respaldado por una moción conjunta con el Departamento de Justicia federal bajo la administración Trump, declara inconstitucional la medida aprobada hace más de 20 años a través de la ley HB 1403.
“Hoy marcamos una victoria histórica para los contribuyentes de Texas y para la legalidad”, declaró Paxton en un comunicado. “No es justo ni legal que a ciudadanos estadounidenses de otros estados se les niegue la matrícula estatal mientras se otorga a personas que están aquí ilegalmente”.
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La decisión fue emitida por la Corte del Distrito Norte de Texas, que consideró que permitir la matrícula estatal para quienes no están legalmente en el país viola directamente la ley federal. En el documento judicial se argumenta que la política “conflictúa expresamente con la legislación nacional”, haciendo énfasis en que el beneficio no está disponible para ciudadanos estadounidenses que no califican como residentes texanos.
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SUSCRÍBETE Organizaciones proinmigrantes han condenado la medida. César Espinosa, director ejecutivo de FIEL Houston, calificó el día como “oscuro” para Texas. “Esta decisión destruye los sueños de miles de estudiantes que han vivido, estudiado y contribuido a este estado”, dijo. Espinosa señaló que los estudiantes indocumentados representan solo el 1.5% del alumnado universitario en Texas, pero generan un superávit de $84 millones a los sistemas universitarios. Según FIEL, la medida podría costarle al estado más de $245 millones en salarios perdidos y otros $216 millones en impactos económicos anuales.
El caso se originó con una demanda del Departamento de Justicia, que acusa a Texas de violar la Constitución al otorgar beneficios educativos a personas sin estatus legal que no están disponibles para ciudadanos estadounidenses. La administración Trump ha reforzado su ofensiva contra leyes estatales consideradas como “favorecedoras de inmigrantes ilegales” mediante órdenes ejecutivas que buscan restringir beneficios financiados por el contribuyente.
Desde el equipo del gobernador Greg Abbott, el vocero Andrew Mahaleris señaló que están “revisando la demanda y la legislación aplicable para determinar los próximos pasos”.
Mientras tanto, miles de estudiantes afectados esperan claridad sobre su futuro académico. Activistas han prometido seguir luchando en los tribunales, mientras padres, maestros y comunidades enteras se preparan para las consecuencias de una decisión que puede transformar profundamente el acceso a la educación superior en el estado.
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